El Registro Social de Hogares (del Ministerio de Desarrollo Social) figura como el requisito fundamental establecido por el municipio de Puerto Montt para conseguir abastecimiento de agua potable por medio de camiones aljibes, informó este lunes diario El Llanquihue.
En la corporación edilicia preparan la licitación para el arriendo de ocho camiones (con capacidad para transportar 10 mil litros) que permitan dar solución a 17 sectores que hoy no cuentan con este servicio.
Sin embargo, para acceder a este beneficio, quienes lo soliciten deben ubicarse entre el 40% y el 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.
Por mientras, los afectados, quienes dicen que llevan un mes sin agua, se consiguen este recurso con familiares o la adquieren, lo que les significa llegar a pagar hasta $45 mil a la semana.
Sobre las causas de esta situación, Carla Comicheo, directora de Desarrollo Comunitario del municipio de Puerto Montt, explicó que al no existir -desde enero- el decreto de emergencia hídrica para la comuna, tienen que proporcionar agua como ayuda social, lo que significa que quienes reciben este beneficio deben tener el registro y presentar un informe social, que elabora personal del Departamento Social de Dideco.
Un trámite que han realizado 750 las familias, de las cuales unas 500 estarían cumpliendo con lo exigido, mientras que 250 no califican.
En todo caso, la delegada presidencial, Giovanna Moreira, explicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, firmó el decreto de escasez hídrica, por lo que se encuentra en Contraloría para la toma de razón.
Sobre el estado en que se encuentra la licitación para el arriendo de los camiones aljibes por 18 meses y por $1.080 millones, Comicheo comentó que las bases técnicas y los términos técnicos de referencia están listo. Pero falta precisar en el número de beneficiados.
Además, especificó que para aprobar las bases e iniciar el proceso de licitación, la Dirección de Control del municipio les exige disponer de los informes sociales de todas las familias, para lo cual establecieron tres meses como plazo.
Comicheo, en todo caso, recalcó que no dejarán sin agua a la población y que este inconveniente sólo se mantendrá mientras actualizan los requisitos.
Finalmente se informó que se está planificando la instalación de una mesa de trabajo, instancia en la cual tienen considerada la participación de la Delegación Presidencial y del Gobierno Regional, entre otras entidades relacionadas con esta materia.