Lonkos de distintas comunidades indígenas, condenaron el eventual cobro que se estaría exigiendo para desafectar áreas en la solicitud para establecer un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) que considera más de 67 mil hectáreas del litoral de Puerto Montt.
El lonko Juan Guaiquín, de la comunidad indígena Ñuque Mapu de Calbuco, indicó que “es terrible. Hemos recibido toda la información de las extorsiones, porque son varias que van a salir a la luz”, afirmó.
Para el dirigente calbucano de esta manera “se perjudica a gente que realmente trabaja ancestralmente en nuestro territorio”.
Atribuyó estas irregularidades a vacíos que habrían encontrado en la Ley Lafkenche de 2008, que creó la figura de los Ecmpo. De esa forma, agregó, “han perjudicado a todas nuestras comunidades indígenas. Por eso la peleaban tanto. El vacío lo transformaron en negocio”, concluyó.
De esta manera, agregó, “anda un lonko con un maletín y un abogado. Eso es terrible. No fue el espíritu de la ley, se hizo un mal uso. Algunos lo supieron ver como un verdadero negocio, un aprovechamiento. Cobran peaje, eso no puede ser. Esto se tiene que arreglar, por el bien de todos”.
A través de una declaración pública, Jaime Millán y Eric Vargas, werken y lonko de la comunidad Ngulam Rilon Kawin Melipulli Mapu Mo, respectivamente, también expresaron su rechazo al cobro que se estaría solicitando a usuarios del borde costero de Puerto Montt.
Calificaron esta situación “de suma gravedad, toda vez que se acusa a organizaciones mapuche williche del territorio de Melipulli (Puerto Montt)”.
Por ello es que manifestaron su “más enérgico rechazo a todo tipo de actos y conductas delictivas que a título personal y a nombre de nuestro pueblo nación, oportunistamente realicen o impulsen en actos de extorsión, cohecho, fraude, tráfico de influencias, para defender intereses personales, manchando de esa forma las legítimas reivindicaciones ancestrales que demanda nuestro pueblo nación”.
Agregaron que ante actos “reñidos con nuestros principios valóricos”, llamaron a autoridades políticas a que denuncien estas conductas ante el Ministerio Público, para que “se investigue y establezca responsabilidades y sanciones individuales que corresponda”.
Asimismo, dejaron en claro que esas acciones “nada tienen que ver con los principios valóricos de probidad y buena fe con los que actúa nuestro pueblo”. También llamaron a “familias, organizaciones y autoridades ancestrales del territorio a denunciar, rechazar y sancionar” este tipo de actos, “en especial cuando se trate de las reivindicaciones de nuestros derechos ancestrales consuetudinarios”.
