En la Región de Los Lagos, un 74% del total de causas vinculadas a delitos sexuales, involucran a menores de edad, reveló el Ministerio Público durante la tercera reunión de la Comisión Coordinadora de Protección Regional de la Infancia, que aborda temáticas sobre explotación sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Según las cifras expuestas en el encuentro, las víctimas totales en causas vigentes por delitos sexuales son 3.751. De ese número, 2.772 corresponden a niños, niñas y adolescentes (74%), mientras que 979 son víctimas adultas (26%).
El número es revelador si se considera que en 2023, según datos de la Fundación Amparo y Justicia, se registraron en la región 2.374 denuncias por delitos sexuales que afectaron a niños, niñas y adolescentes, representando el 6% de las denuncias a nivel nacional por este tipo de delito.
Respecto a la cifra actual de niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medida de protección (emanada desde el Tribunal de Familia) con causal de vulneración de derechos por delitos sexuales, son 52, de los cuales 50 se encuentran en estado de cumplimiento; es decir ya ingresados a un programa del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región Los Lagos y dos en estado de espera a ser ingresados.
Para Gabriel Mendoza, jefe del Departamento de Servicio y Prestaciones de la dirección regional del Servicio de Protección Especializada, manifestó que “nos hemos dado cuenta de que es una problemática, un delito y una vulneración que cada uno de los servicios por sí solos no va a poder dar cuenta de la necesidad de reparación, restitución e interrupción de estas vulneraciones”.
A juicio de Mendoza, se debe avanzar en los protocolos “de acuerdo, de actuación en conjunto, de multiagencia, tal como lo indica la ley de Garantías y Protección de Derechos, a través de una mirada intersectorial con la importancia de que participen los demás servicios, ya que estamos todos llamados a proteger, acompañar y reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Según Pedro Adrians, director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, un estudio realizado por este organismo, “nos permite tener una comprensión bastante clara y precisa de dónde están los casos, cuáles son las dinámicas que se manifiestan en el territorio y eso nos permite comenzar a desarrollar trabajos específicos con las autoridades pertinentes, a quienes ya se les ha entregado la información y con quienes nos estamos coordinado territorialmente para la ejecución de acciones concretas en beneficio de la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes”.
Gabriela Jorquera, coordinadora regional de la Subsecretaría de la Niñez, es coincidente en cuanto a mejorar y ampliar el protocolo. Observó que el trabajo para prevenir la explotación sexual tiene que considerar “protocolos atingentes y acciones vinculantes que podamos nosotros, como Estado, responder a tiempo a todas las víctimas”.
Teresa Rey, coordinadora de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos de la Defensoría de la Niñez sostuvo que hay un avance en familias de acogida (para el resguardo de menores vulnerados) “pero también estamos preocupados de las residencias, ya sean de administración directa o de colaboradores, por salidas no autorizadas, tráfico de drogas o comercio sexual adolescente, indicios que hay que parar a tiempo”, detalló.
Dorian Vega, sociólogo especializado en prevención y contención por delitos que afectan a menores, sostuvo que en la mayoría de los casos de delitos sexuales el agresor es una persona cercana a la víctima, generalmente parte del mismo grupo familiar.
Expuso “que existen lealtades familiares, normalización de las conductas agresoras, dependencias económicas y emocionales, lo cual lleva a que en muchos casos las víctimas terminen desistiendo de continuar con los procesos judiciales”.
Según Vega, lo anterior afecta la capacidad de juzgar estos delitos e incrementa su impunidad. “Por esto es de gran relevancia contar con un sistema de apoyo a las víctimas durante todo el proceso, evitando la revictimización y garantizando la seguridad e independencia de las personas agredidas respecto de su agresor”.
Paulina Muñoz, delegada presidencial regional, explicó que el compromiso del Gobierno es avanzar en la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región a través de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
Para Andrés Martínez, abogado experto en defensa de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, la visualización de este tipo de delitos en la región puede ser por la mayor cantidad de denuncias que se hacen y recomendó reforzar las unidades policiales que indagan estos casos.
Sitio:Soychile.cl
