A través de un oficio enviado hace 11 días, la Contraloría Regional de Los Lagos estableció la existencia de responsabilidades administrativas y solicitó a la Municipalidad de Puerto Montt aplicar sanciones disciplinarias en contra de cinco funcionarios en el marco del caso de la pileta.
Según detalló diario El Llanquihue, entre ellos se encuentra el jefe de la Unidad Jurídica, Egidio Cáceres, a propósito de la recepción provisoria y pago de obras realizadas entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 por casi $900 millones.
De igual modo, la Contraloría también formuló un cargo en contra del destituido alcalde Gervoy Paredes Rojas, el cual —a juicio de esta entidad— “no ejerció un control jerárquico sobre la actuación de don Carlos Soto Ojeda», quien en calidad de alcalde (s) cursó resoluciones de pago sin contar con la visación de la Inspección Técnica de Obras (ITO) respectiva, ni teniendo a la vista certificaciones de la calidad de los materiales solicitadas por la ITO y la Directora de Obras Municipales, infringiéndose con ello las obligaciones del contratista.
Por lo anterior, además, el órgano contralor requirió enviar los antecedentes sumariales al Ministerio Público, “atendido a la existencia de hechos que podrían eventualmente revestir caracteres de delito”.
Contraloría también propone la aplicación de multas por el 20% de su remuneración y una anotación de demérito para los funcionarios municipales de Secplan: Luis Matus Ramos, Marcelo Cubano Guerrero, Mario Mundaca Toro y Yanet Bustamante Mayorga. Respecto a todos estos funcionarios mencionados se les formuló un cargo único en su calidad de integrantes de la comisión receptora de la etapa N°3, quienes el 13 de junio de 2019 aprobaron el acta de recepción respectiva de la pileta.
El oficio del ente contralor ingresó el pasado 11 de octubre a la Secretaría Municipal y ya se encuentra incorporado a la tabla que el Concejo Municipal revisará en su sesión ordinaria de mañana miércoles, donde este cuerpo colegiado deberá emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad administrativa que se acreditó respecto del destituido alcalde.
