Según un reporte publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a cinco años del estallido social, existen dos investigaciones abiertas y desformalizadas en Puerto Montt: una por lesiones oculares producto de disparo de perdigones y otra por desnudamientos en un recinto policial, informó este lunes diario El Llanquihue.
Respecto a causas que terminaron en sentencia condenatoria, sólo figuran dos, en un universo de 74 querellas: una por la bomba lacrimógena que recibió una adolescente en la cabeza y otra por apremios ilegítimos en pleno centro. En ambos casos las penas no fueron de cumplimiento efectivo.
Mauricio Maya, director regional del INDH, explicó que presentaron 74 querellas en favor de 81 víctimas. En cuanto a los delitos, el desglose marca que entre 2019 y 2020 se registraron siete personas que sufrieron lesiones oculares y 23 que denunciaron ser víctimas de violencia sexual.
Consultado por lo llamativo que resulta que a un lustro del estallido aún no hay personas formalizadas en dos causas graves, el responsable del INDH sostiene este fenómeno obedece a una situación de carácter nacional.
“Tiene que ver con dificultades propias de la investigación. Es el Ministerio Público el que lleva el ritmo. Nosotros nos preocupamos de mantener contacto con las víctimas, que se desarrollen las diligencias que nosotros solicitamos”, afirmó Maya.
Por ejemplo, una labor constante del INDH durante este tiempo ha sido mantener contacto con quienes figuran como víctimas, para que asistan a las citaciones emanadas por la Fiscalía, por ejemplo, para prestar declaraciones o realizar otra diligencia a favor del avance de la indagatoria.
En la Región de Los Lagos, de las 74 querellas que interpuso la sede regional del INDH, 47 corresponden a apremios ilegítimos, 21 a tortura, dos a vejaciones injustas y cuatro a violencia innecesaria.
Respecto a las víctimas, hay 49 hombres y 32 mujeres. Además, se encuentran 65 personas de grupos de especial protección: hay 20 niños y adolescentes, una persona mayor y trece personas pertenecientes a pueblos originarios.
Del total de hechos de violencia contenidos en las querellas, 58 son agresiones físicas directas, 33 por disparos y 23 por desnudamientos. Además, se verificaron 119 situaciones ocurridas en lugares públicos, 32 en lugares donde las víctimas figuraban bajo custodia de agentes del Estado y 15 en vehículos en que eran llevadas a los sitios de detención.
Desde la Fiscalía indicaron que podrían tener un pronunciamiento esta semana respecto a ambos casos que siguen sin resolver y que tendrían fecha pendiente para formalizar imputados.
