El 5 de agosto se cumplió un año desde que el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó la prisión preventiva en contra del primer formalizado por el Caso Convenios en el país, Diego Ancalao Gavilán, informó este lunes diario El Llanquihue.
Y si bien la Fiscalía lo reformalizó en marzo de este año solo por lavado de activos, Ancalao no duda en afirmar que se ha convertido en un “chivo expiatorio” de una causa que —a su juicio— tendría otros responsables, entre los cuales no titubea en apuntar el dedo tanto a directivos de la Corporación Kimün como a la cabeza del Gobierno Regional de Los Lagos.
Ancalao —ex presidenciable de la Lista del Pueblo— habló por primera vez desde la cárcel de Alto Bonito, desde el módulo destinado a imputados, donde reafirmó haber sido víctima de un intento de agresión. Asimismo, reconoce haber sido objeto de “acusaciones falsas de la Fiscalía”, al mismo tiempo que justifica su condición por ser “el único líder político mapuche preso”.
«Este debe ser el único caso en Chile, y tal vez del mundo, en que la justicia tiene preso por lavado de activos a una persona que no tiene delito base, por una institución legalmente quebrada, que no compró, que no aumentó su patrimonio personal, ni económico ni en bienes, sino por el contrario. Que además no representa a ninguna organización que recibiera fondos públicos del Estado y que tiene irreprochable conducta anterior», manifestó Ancalao.
«Lo que sí prueban estas falsas acusaciones es que la Fiscalía mintió en mi formalización, porque aseguró que en mis cuentas se encontraban depósitos millonarios, y dejan claro que al revisar mis cuentas comprobaron que no existen esos cientos de millones», agregó.
En la entrevista, Diego Ancalao también expuso que a su juicio «las responsabilidades son absolutamente claras y muy simples de entender, al parecer el único al que no le conviene comprender es al Ministerio Público. La Corporación Kimün recibió los $1.200 millones. El representante legal, judicial y extrajudicial es el presidente del directorio de Kimün, y representante del IP y CFT Los Lagos».
Con esas palabras apuntó a Jaime Huincahue de quien recordó que «fue él quien firmó el contrato de adjudicación con el gobernador (Patricio) Vallespín, de acuerdo a declaraciones del fiscal; es el presidente quien hizo las gestiones con él para adjudicarse el programa y entregó una garantía diferente, sin respaldo, que el gobernador le aceptó de manera sospechosa y autorizó la transferencia en un solo depósito. Es el director, como presidente, y su esposa, como tesorera, quienes manejan la cuenta de la Corporación Kimün. Por tanto, es una verdad absoluta que los verdaderos responsables son ellos. Sin embargo, el que lleva preso un año es justamente la persona que nunca recibió los fondos y jamás perteneció a Kimün».
Respecto a Vallespín dijo que «debe explicar qué tipo de amistad tenía con Kimün y sus representantes legales, como para adjudicar un proyecto tan millonario en una sola cuota, cuando lo normal sería una transferencia de acuerdo al porcentaje de avance de la ejecución y en base a rendiciones de cuenta. Debe explicar además el gobernador por qué autorizó transferencia de fondos con una garantía deficiente de Kimün. El mismo fiscal lo menciona en audio y sobre todo por qué el gobernador permitió el aumento de los fondos a Kimün de manera tan grosera, de $600 millones a $1.200 millones».
