El lunes 27 de mayo, a las 08:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, se llevará adelante la audiencia de acusación verbal de la Fiscalía contra Carlos Soto, imputado por los delitos de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, informó este miércoles diario El Llanquihue.
Desde el Ministerio Público explicaron que aún hay diligencias pendientes, por lo que no opinaron sobre la realización de esta audiencia. Sin embargo, lo que no está claro es si la acusación verbal será para llevar adelante un juicio abreviado en contra del ex jefe de Concesiones, donde el imputado tiene la opción de reconocer él o los cargos penales.
Tres veces el Juzgado de Garantía de Puerto Montt cambió las cautelares del imputado Soto. La última fue el 30 de abril y determinó que quedara con arraigo nacional.
Soto, suspendido de su cargo en la Municipalidad de Puerto Montt, que aún sigue recibiendo su sueldo ($16 millones en total desde septiembre), busca declarar en la causa, algo que hasta el momento no se ha concretado.
El abogado Rafael Gallardo, defensor del funcionario municipal, planteó que lo que se sabe de la causa es que se sigue investigando, y lo que la defensa busca es que declare: “Él está dispuesto a entregar declaración, pero por diferentes circunstancias esa diligencia no se ha podido realizar”, aseguró el penalista.
Gallardo recordó que al iniciar el proceso, a mediados de septiembre del año pasado, la Corte de Apelaciones en una de sus resoluciones señaló que en esta causa había sólo un delito, que era el de tenencia de un arma. “Es un arma antigua, sin municiones y oxidada, además no hubo antecedentes de microtráfico, desde el principio de la causa. Mi representado en la actualidad permanece sólo con la cautelar de arraigo nacional”.
Efectivamente, en la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 15 de septiembre de 2023, que confirmaba el arresto domiciliario total de Soto, los ministros Jorge Pizarro, Jaime Meza y el abogado integrante, Darío Parra, indicaron que de lo planteado por el Ministerio Público, sólo un hecho punible se configuraba como delito, y corresponde al de tenencia de arma de fuego.
